En cada vez más escuelas del país, el uso del teléfono celular durante la jornada escolar empezó a ser regulado de manera estricta. En algunos casos, las restricciones alcanzan únicamente al aula; en otros, incluyen también recreos, patios y espacios comunes. Lejos de ser una decisión aislada, se trata de una tendencia que crece y que responde a un diagnóstico compartido: el uso permanente del celular interfiere con el aprendizaje y deteriora la vida escolar.

Las razones que fundamentan estas decisiones no son nuevas. Docentes y equipos directivos vienen señalando desde hace años la dificultad para sostener la atención en clase, el impacto negativo en el rendimiento académico, el empobrecimiento de los vínculos entre estudiantes y el aumento de situaciones de ansiedad y aislamiento. Lo que durante mucho tiempo fue una advertencia que parecía exagerada hoy empieza a confirmarse en la práctica cotidiana.

Sin embargo, mientras este debate avanza en otros distritos, en Campana y Zárate la discusión sigue sin instalarse de manera pública y sistemática.

Un problema que las aulas ya conocen

Basta con recorrer cualquier escuela secundaria para comprobar que el celular se convirtió en un actor central de la escena escolar. Interrumpe explicaciones, fragmenta la atención, compite con la palabra del docente y altera la dinámica de los vínculos entre pares. El aula, que históricamente fue un espacio de encuentro, hoy convive con una presencia constante que muchas veces dificulta ese encuentro.

En este contexto, numerosas instituciones comenzaron a tomar decisiones propias. Algunas establecieron horarios específicos para el uso del celular, otras lo prohíben durante las clases y permiten su uso en recreos, y otras avanzaron hacia restricciones más amplias. En todos los casos, el objetivo es el mismo: recuperar condiciones mínimas para enseñar y aprender.

El problema es que, cuando estas decisiones se toman de manera aislada, sin criterios compartidos ni respaldo institucional, el conflicto no desaparece: se traslada. Lo que en una escuela está prohibido, en otra está permitido. Lo que para una familia es una norma clara, para otra resulta arbitrario. Y lo que debería ser una política educativa se transforma en una fuente permanente de tensión.

El vacío de definiciones locales

En Campana y Zárate no existen hasta el momento ordenanzas municipales, resoluciones distritales ni lineamientos educativos comunes que regulen el uso del celular en las escuelas secundarias. Tampoco se registran instancias formales de debate impulsadas desde el Estado local.

Esto no significa que el tema no esté presente. Por el contrario, aparece de manera recurrente en conversaciones entre docentes, en reuniones con familias y en discusiones internas dentro de las escuelas. Pero al no formar parte de una agenda pública, el problema queda encapsulado dentro de cada institución.

Cuando el Estado no fija posición, cada escuela resuelve como puede. Algunas avanzan con convicción, otras dudan, otras prefieren no intervenir para evitar conflictos. El resultado es un escenario fragmentado, con reglas distintas para situaciones similares y con un fuerte desgaste para quienes tienen que sostenerlas día a día.

Regular no es prohibir por prohibir

Cada vez que se plantea limitar el uso del celular aparece el mismo argumento: que la escuela no puede vivir de espaldas a la tecnología, que los estudiantes “son digitales” y que prohibir implica retroceder. Sin embargo, esta discusión suele estar mal planteada. Nadie propone eliminar la tecnología de la escuela ni desconocer su potencial pedagógico. El problema no es el celular como herramienta, sino la lógica de uso permanente que impone. Una lógica basada en la interrupción constante, en estímulos diseñados para captar atención todo el tiempo y en la dificultad para sostener procesos que requieren concentración, escucha y continuidad.

Pretender enseñar en ese contexto sin establecer ningún tipo de límite no es una postura moderna ni innovadora. Es, simplemente, dejar que la dinámica del mercado y de las plataformas digitales se imponga sobre el tiempo escolar. La evidencia disponible es clara: el uso constante del celular durante la jornada escolar afecta la atención, empobrece los aprendizajes, debilita los vínculos y aumenta los niveles de ansiedad. No se trata de una discusión ideológica, sino pedagógica.

Cuando el silencio también educa

La ausencia de una política educativa local no es un detalle menor. Cuando el Estado no define criterios, envía un mensaje implícito: que el problema no es prioritario o que debe resolverse de manera individual. Ese mensaje tiene consecuencias. Por un lado, deja a las escuelas solas frente a un conflicto complejo. Por otro, profundiza las desigualdades entre instituciones, ya que no todas cuentan con los mismos recursos ni con el mismo respaldo para sostener decisiones difíciles.

Además, el silencio político termina reforzando la idea de que el uso irrestricto del celular es inevitable, cuando en realidad se trata de una práctica que puede —y debe— ser regulada en función de objetivos educativos. No decidir también es decidir. En este caso, es decidir que el problema se gestione en silencio, que se naturalice la dispersión y que la escuela siga compitiendo en desventaja frente a una pantalla diseñada para captar cada segundo de atención.

Un debate que todavía está a tiempo

Campana y Zárate aún están a tiempo de abrir una discusión seria, informada y local sobre el uso del celular en las escuelas. Una discusión que no se limite a prohibiciones aisladas ni a consignas simplistas, sino que convoque a directivos, docentes, estudiantes y familias. Regular el uso del celular no significa imponer recetas mágicas ni desconocer la complejidad del contexto actual. Significa establecer criterios claros, definir excepciones razonables y asumir responsabilidades compartidas.

También implica reconocer que la política educativa no se agota en la infraestructura, los actos escolares o los calendarios. Educar es crear condiciones para que el aprendizaje ocurra. Y hoy, una de esas condiciones es recuperar la atención y el vínculo pedagógico.

El costo de seguir mirando para otro lado

Mientras el debate no se da, el aula se fragmenta, la atención se diluye y el trabajo docente se vuelve cada vez más cuesta arriba. La escuela intenta sostener su función en un contexto que no la acompaña. La pregunta ya no es si hay que regular o no el uso del celular. Esa discusión está saldada en gran parte del sistema educativo. La verdadera pregunta es quién se va a hacer cargo de tomar decisiones.

No decidir también es una forma de decidir. En Campana y Zárate, la falta de definiciones sobre el uso del celular deja a las escuelas solas frente a un problema que no deja de crecer.