El derecho a una vivienda digna no solo implica el acceso físico a un techo, sino también la garantía de que ese espacio permanezca como el refugio seguro de una familia frente a los vaivenes económicos o legales. En Argentina, el marco jurídico actual contempla una herramienta fundamental denominada Protección de la Vivienda, la cual reemplazó al antiguo concepto de Bien de Familia. Este mecanismo actúa como un escudo legal que impide que el hogar sea ejecutado por deudas contraídas con posterioridad a su inscripción, otorgando una tranquilidad invaluable a los propietarios que desean resguardar su patrimonio más preciado.

¿En qué consiste el acta de Protección de la Vivienda?

El acta de Protección de la Vivienda es un documento legal que formaliza la afectación de un inmueble a un régimen especial de protección previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Al realizar este trámite, el titular de la propiedad declara que el inmueble será destinado a su vivienda o la de sus beneficiarios. El efecto principal de esta acta es la inembargabilidad; es decir, la propiedad no puede ser rematada para pagar deudas, salvo excepciones muy específicas como impuestos del propio inmueble, expensas o créditos hipotecarios previos.

Beneficiarios y alcances del régimen

Una de las grandes ventajas de este sistema es su flexibilidad. Pueden ser beneficiarios el propio titular, su cónyuge, conviviente, ascendientes (padres/abuelos) o descendientes (hijos/nietos). En caso de no existir estos familiares directos, también pueden serlo los parientes colaterales dentro del tercer grado (como hermanos o tíos) que convivan con el constituyente en la vivienda.

Es importante destacar que la protección es retroactiva respecto a deudas futuras, pero no protege contra obligaciones asumidas antes de la inscripción. Por ello, realizar el trámite de manera preventiva es una decisión financiera estratégica para cualquier núcleo familiar, ya que garantiza que, ante una quiebra comercial o un litigio civil imprevisto, la familia no pierda su lugar de residencia.

Cómo se realiza el trámite y su gratuidad

En muchas jurisdicciones y municipios, como el caso de la Dirección de Hábitat mencionada anteriormente, este trámite se facilita de manera gratuita cuando se realiza con fines sociales. Los interesados deben presentar el título de propiedad original, documentos de identidad de todos los involucrados y acreditar el vínculo familiar mediante partidas de nacimiento o matrimonio.

Una vez que el acta es firmada y procesada, se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que le otorga publicidad frente a terceros. Esto significa que cualquier acreedor potencial podrá verificar que ese bien está protegido y, por lo tanto, fuera del alcance de posibles embargos. En un contexto económico volátil, contar con esta certificación representa un acto de responsabilidad y previsión para asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

El intendente Sebastián Abella acompañó este martes la entrega de 18 actas de Protección de la Vivienda (Bien de Familia), un trámite fundamental que permite a los vecinos resguardar legalmente su propiedad frente a posibles conflictos judiciales.

Este documento se gestiona ante la Subsecretaría de Gestión, de Hábitat, Banco de Tierras, Colectividades y Culto del Municipio, encabezada por Javier Contreras, en forma conjunta con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

“Este trámite es importante porque permite proteger el hogar de cada familia. Para nosotros es fundamental acompañar a cada vecino en este tipo de gestiones que les da seguridad jurídica y tranquilidad sobre su vivienda”

Asimismo, remarcó el rol del Municipio en facilitar el acceso a este derecho: “Nuestro objetivo es que cada vecino pueda regularizar su situación y proteger su casa, que muchas veces es el mayor esfuerzo de toda una vida”.

Las familias que quieran asesorarse para completar este trámite pueden acercarse a la Dirección de Hábitat (Av. Varela 750) de lunes a viernes de 8 a 14:30.